domingo, 13 de febrero de 2011

La política que contamina el aire - Opinión - El Periódico

Desde finales del 2007 España dispone de un instrumento legal para la aplicación de las normativas comunitarias en materia de contaminación, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. En ella se prevé la aplicación de medidas como restricciones al tráfico de vehículos en ciertas zonas urbanas, algo que hacen Barcelona, Madrid o Sevilla, así como la posibilidad de establecer peajes para los automóviles que accedan al centro de las ciudades.

EEn muy pocos territorios se ha hecho algo más que la mera transposición de las normas emanadas de Bruselas. Una de las excepciones fue el plan de mejora de la calidad del aire que puso en marcha el tripartito, que no ha llegado a aplicarse en su totalidad y que ha dado resultados que podríamos calificar de medianos. Ahora, el Govern de CiU se propone introducir cambios para simplificarlo, de manera que pase de 73 disposiciones a una veintena. Un propósito del que nos hemos enterado gracias al anticiclón, el que ha aplazado la polémica eliminación, adaptación o revisión del límite de velocidad en los accesos a Barcelona.

El mismo fenómeno atmosférico que ha desatado una tormenta política en Madrid, que presumiblemente acabará este fin de semana cuando entren las lluvias y se limpie el aire. La capital ha superado sobradamente en apenas 40 días los máximos establecidos en la norma Euro 5 sobre contaminación atmosférica para todo un año. La alarma dada por la Administración central ha encontrado una ruda respuesta -«más asfixia el paro», «el aire está limpio»- por parte del PP. Y cuando la polémica ha llegado a Barcelona, donde la contaminación se mantiene muy por debajo de Madrid, también se han oído frases tan inteligentes como «estamos mejor que hace 20 años» y «en Barcelona los coches ya pagan peaje cuando aparcan». Son cortinas de humo que tratan de distraer del problema real y de sus soluciones, que probablemente no pasan por la fiscalidad de los coches o del gasóleo, sino por medidas que disuadan de verdad del uso de los vehículos particulares. El popular alcalde madrileño Tierno Galván ya se lamentaba en su día de haber llegado a la conclusión de que en cuestiones de circulación solo funcionan las medidas coercitivas.

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