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viernes, 25 de febrero de 2011

TEXAS PLANTEA UNA LEY QUE PERMITE A LOS ALUMNOS IR ARMADOS A LA UNIVERSIDAD

Los alumnos y los profesores de las universidades en Texas podrían acudir al campus armados, según una propuesta de ley presentada en el Congreso local y firmada por más de la mitad de los miembros de la Cámara de Representantes.

Los partidarios de la legislación argumentan que casos como la masacre en las Universidades de Virginia Tech en 2007 y en Illinois en 2008, muestran que la mejor defensa contra un hombre armado es que los estudiantes puedan dispararle. 

"Yo no quiero que se repita en el Campus de la Universidad de Texas lo que pasó en Virginia Tech, donde un loco suicida entra en un edificio y es capaz de escoger [a quién disparar] entre jóvenes totalmente indefensos como si fueran patos", dijo el senador republicano Jeff Wentworth, elegido por San Antonio, a la cadena de televisión Fox.

Por su parte, William Powers, el presidente de la Universidad de Texas, donde estudian 50.000 jóvenes, se ha opuesto a esta medida argumentando que el cóctel de armas, campus y fiestas es muy peligroso. En Oklahoma, los 25 representantes de las universidades públicas rechazaron la misma propuesta: "No hay ningún escenario en el que se pueda permitir llevar armas en campus universitarios, un hecho que creará un ambiente más peligroso para los estudiantes, profesores, personal y visitantes", dijo en enero Glen Johnson, el responsable de Oklahoma de Educación Superior.

Los opositores a la ley dicen que los estudiantes y profesores vivirían en constante temor a sus compañeros y colegas, sin saber quién podría sacar una pistola al recibir una mala calificación, tras una ruptura sentimental o durante una discusión ebrio en una fraternidad.

Sólo otro Estado, Utah, ha aprobado una ley similar mientras que otros 23 han rechazado propuestas en este sentido desde la masacre de 2007.

jueves, 24 de febrero de 2011

Ley contra indocumentados avanza en el Senado de Arizona


La policía estatal arrestó a una manifestante en el Capitolio estatal de Phoenix el martes 22 de febrero del 2011. Una subcomisión del Senado de Arizona aprobó el martes por la noche por estrecho margen un drástico proyecto de ley a fin de afectar a los inmigrantes indocumentados que residan en zonas habitacionales financiadas por el gobierno, en oficinas de subsidios públicos y en centros laborales. Una comisión del Senado de Arizona aprobó por un margen estrecho un proyecto de ley contra los inmigrantes indocumentados en materia de vivienda, beneficios públicos y trabajo.
La comisión también aprobó el martes por la noche un proyecto para negar la ciudadanía automática a los hijos de los indocumentados, una norma contraria a la constitución nacional que podría dar lugar a una apelación ante la Corte Suprema.
El nuevo proyecto fue patrocinado por el senador republicano Russell Pearce, autor de la controvertida ley en contra de los inmigrantes sin papeles del año pasado, que provocó un debate generalizado sobre si los estados son los encargados de aplicar las leyes de inmigración.
"El que está en el país ilegalmente no tiene derecho a los beneficios públicos y eso es todo", dijo Pearce.
Aprobar el proyecto colocaría "un nubarrón negro sobre Arizona junto al cual la 'SB1070' parecería blando", dijo Jaime Farrant, de la organización Red de Acción Fronteriza, en alusión al proyecto del año pasado.
La nueva medida, aprobada por siete votos contra seis, pasará al plenario del Senado después de una revisión legal y discusiones en los bloques partidarios. Los demócratas no tienen suficientes votos para bloquear el proyecto de Pearce.
El proyecto dificulta los requisitos a fin de que los empleadores verifiquen la legalidad de los nuevos contratados, de lo contrario sus licencias de negocios les serían suspendidas si no utilizan el sistema federal de verificación, E-Verify. Asimismo aquel que use una falsa identidad para obtener un trabajo podría ser condenado a seis meses de prisión.
Asimismo obliga a que las escuelas obtengan información sobre el estado legal de los estudiantes y que los reporten a las autoridades si los padres no presentan los documentos necesarios o si éstos parecen falsos.
También prohibe que un indocumentado maneje vehículos motorizados en el estado, bajo pena de 30 días de cárcel y la incautación del vehículo si son hallados culpables.